¿Hubo delito por no prohibir manifestaciones pese al Covid-19?
Se publicaba hace unos días una noticia relacionada con la decisión de un juzgado madrileño de admitir a trámite la denuncia presentada en Madrid contra el delegado del gobierno de la capital. Dicha denuncia también va dirigida contra el presidente del Gobierno, y frente al resto de delegados del gobierno de todas las comunidades autónomas, pero se insta al denunciante a dirigir su denuncia ante los juzgados y tribunales competentes.
Entiende el denunciante que al no prohibir los denunciados la multitud de manifestaciones celebradas por todo el territorio español pese al Covid-19 pudieran haber incurrido en un presunto delito de lesiones por imprudencia profesional y/o un delito de prevaricación administrativa.
Este es un asunto que evidentemente, deberá ser dirimido por los juzgados y tribunales competentes, debiendo estos resolver conforme a derecho. Será interesante conocer la posición que adopte la fiscalía al respecto, puesto que seguro que dejará algún titular de prensa que llene el contenido de tertulias, editoriales y emisiones radiofónicas, por no hablar de redes sociales.
A este respecto, diariamente se publican noticias que de ser ciertas, y de ser éstas acreditadas en juicio, parecieran constatar – al menos indiciariamente- que responsables gubernamentales conocían el riesgo que para la salud pública suponía permitir congregaciones multitudinarias. Dichas pruebas irían en contra de los intereses de los denunciados. Serían pruebas de cargo.
Estas informaciones, por poner solo algunos ejemplos, indican que muchos dirigentes del gobierno alentaron la participación masiva en las manifestaciones del 8M. Y ello en contra de la recomendación emitida el día 2 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades. Pese a que desde Italia nos llegaban noticias preocupantes, pese a que el ministerio de Sanidad parece reconocer ahora que la última semana de febrero fue clave para el contagio masivo, fueron permitidos encuentros deportivos, celebración de todo tipo de eventos laicos y/o religiosos, y como digo, en el caso de las manifestaciones feministas del 8M, la participación en éstas fueron alentadas.
Un eminente hombre de ciencia, nuestro ministro Pedro Duque, ha manifestado que ya a finales de enero de este año, los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa sobre la amenaza que representaba el coronavirus, y que desde el pasado 2 de febrero se disponía de medios e iniciaron cambios legales para reducir plazos que han culminado en el reciente real decreto-ley por el que se declara el estado de alarma.
Solo espero, (y además por este orden) que este tipo de noticias, justo en este momento, no desvíen en lo más mínimo los esfuerzos que nuestros dirigentes deben de realizar en situación tan grave como la que nos hallamos. Y por supuesto, que se diriman posibles responsabilidades penales, con luz y taquígrafos.